Es jueves 26 de diciembre y Matías Castro sale del hospital Pablo Soria, uno de los principales de San Salvador de Jujuy, con medicamentos bajo el brazo. A sus 42 años está desempleado desde hace tres años, después de que una peritonitis lo obligara a operarse de urgencia y perdiera entonces su trabajo en una dietética. También está preocupado: no sabe qué pasaría si lo tuvieran que intervenir de vuelta ahora que la Legislatura jujeña convirtió a esta provincia en la primera en cobrar a los locales por atenderse en los hospitales.

Este año Jujuy, Salta, Mendoza y Santa Cruz comenzaron a arancelar la atención a extranjeros no residentes para evitar el turismo sanitario. Pero la provincia más norteña del país fue por más. “La verdad que para mí sería una desventaja por no tener trabajo y no tener recursos, se me va a complicar mucho”, advierte Matías. “Y supongo que a muchas personas que también están en mi misma situación se les va a hacer difícil”, agrega.

La ley, que se sancionó la semana pasada en la Legislatura provincial, todavía no entró en vigencia. Fue votada por el radicalismo gobernante y la oposición peronista y dispone la creación de un Seguro Provincial de Salud (Seprosa), que costará alrededor de $50.000 y que será necesario para atenderse en los centros sanitarios públicos. La norma establece que con el Seprosa los pacientes podrá ir a clínicas privadas que se inscriban a tal efecto, con lo que se abre la posibilidad de una migración del sistema estatal al particular.

En los fundamentos de la norma se indica que el 50% de los jujeños va en la actualidad a los hospitales públicos y se considera que el 25% se encuentra en estado de “vulnerabilidad social y económica” y podrá seguir recibiendo salud gratuita, pero el otro 25% se supone que tiene capacidad de pagar el seguro aunque cuenten con ingresos informales como “feriantes, vendedores ambulantes, conductores de taxis y remises”, según indica el texto. Quien gana menos de dos salarios mínimos ($573.422) deberá comprobarlo ante el Instituto del Seguro de Jujuy, la obra social de los estatales de la provincia, para evitar el Seprosa.

“La verdad es que no sé si yo debería pagar o no, pero yo creería que tendría que ser lo mismo para todos. Si es un tema de salud, que sea una ventaja para todos”, opina Matías en la puerta del hospital Soria. Allí mismo, sentada en una banca, Laura Erazo, de 49 años, conversa con su cuñada después del turno con su oncóloga. Vinieron de Libertador General San Martín, la ciudad de la azucarera Ledesma. Ella está a favor de que se cobre el hospital a quien pueda pagarlo, pero no a ella, que debió dejar su trabajo de empleada doméstica por el cáncer: “Quizás hay gente que puede pagar y está ocupando un lugar en el hospital, donde falta de todo. He visto personas que pueden pagar, por ejemplo, feriantes, y no se le puede cobrar a esas personas que tienen. Y hay gente que la verdad no tiene nada, a esos no hay que cobrarles”.

Laura lleva, a su vez, tres meses sin tomar la medicación oncológica porque el Estado nacional no la envía. “Me atendió una doctora y me dijo que el presidente (Javier Milei) está tardando demasiado con los medicamentos oncológicos. Estamos perdiendo bastante tiempo. Ya hace tres meses que no puedo avanzar con la medicación y bueno... corremos el riesgo de que eso haga metástasis. Por eso andamos de control en control. Vine para ver si había llegado la pastilla, pero todavía no, tengo que seguir esperando y seguir esperando”, se desconsuela Laura.

El gobernador Carlos Sadir y su ministro de Salud, Gustavo Bohuid, enviaron el 10 de diciembre el proyecto de ley para que se tratara en la última sesión del año, sin pasar por las comisiones de Presupuesto y Sanidad. Sadir, un radical que alternó apoyos y críticas a Milei en su primer año de gobierno, se excusó en la motosierra del libertario, que se cebó sobre todo en jubilaciones, transferencias a provincias y obras públicas, para aplicar el futuro cobro en hospitales. “Por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, se fundamenta la ley. “Por citar un ejemplo paradigmático entre muchos, el Programa Federal Incluir Salud que brinda cobertura médico-asistencial a personas titulares de pensiones nacionales no contributivas, representa un costo mensual para el Ministerio de Salud del Estado Provincial de $516,1 millones, de los cuales, el Estado nacional sólo aporta $19,8 millones”, añade el texto de la norma.

El único bloque que votó en contra de la reforma sanitaria fue el del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). El diputado nacional por el FIT-Jujuy Alejandro Vilca teme que así como en 2023 la UCR y el PJ se unieron para reformar la Constitución provincial y defenderla arrasando con los piquetes, política represiva que después aplicó Milei, ahora también su provincia puede convertirse en la primera de varias que arancelen la salud: “Si lo hace Sadir, que a veces se hace el opositor a Milei, imaginate otros que se hicieron oficialistas como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Raúl Jalil (Catamarca)”, apunta.

Para el diputado, “con el mismo argumento el día de mañana pueden arancelar la educación”. “El seguro provincial de salud fue metido por la ventana en la última sesión del año. ¿Cómo van a hacer para corroborar quien no gana dos salarios mínimos? Además, los feriantes, vendedores ambulantes y taxistas es gente que vive al día, en una temporada hacés platita, si plantás frutillas, sos albañil y hacés una obra o sos taxista en temporada turística, pero después ya no cobrás lo mismo. Todo esto esconde un negocio: el ministro de Salud provincial tiene institutos médicos, lo mismo que el diputado provincial peronista Rubén Rivarola, el diputado nacional libertario Manuel Quintar o el exsenador nacional radical Mario Fiad. Esto es para beneficiar a empresarios porque la gente, entre un hospital desfinanciado y una clínica privada, se irá a la privada”, alerta Vilca, que antes de ser diputado era empleado municipal como recolector de residuos.

En el peronismo no todos están de acuerdo con la línea de Rivarola. Rodolfo Tecchi, exrector de la Universidad Nacional de Jujuy, se opone al arancelamiento sanitario: “No estoy de acuerdo. Nace de la idea de que feriantes, taxistas son unos vivos que se llenan de plata y no quieren pagar el hospital”, advierte Tecchi.

La seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) paró este jueves y viernes contra lo que considera una “privatización del sistema de salud, afectando a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia”. “Este es un verdadero ultraje sin precedentes al pueblo jujeño, que se carga día a día de más deudas y hace difícil tener un plato de comida digno, y que ahora, facilitado por el Poder Legislativo, ve amenazada su atención en el sistema de salud, que es público y gratuito por Constitución Nacional”, plantearon desde AMRA Jujuy.

Al entrar al hospital materno infantil Dr. Héctor Quintana, el médico Alejandro Fiad también manifiesta su rechazo a la ley: “Yo sé que hay gente que puede abonar algo en el hospital público, pero me parece que lo que hay que hacer es una medida de fondo: poner en blanco a todas las personas. Porque el que está en blanco tiene una obra social a través de sus aportes y eso redundaría en el beneficio del hospital público. Y lo que hay que hacer es apoyar al hospital público. Jujuy es una provincia pobre. Mucha gente tiene bajos ingresos entonces, necesita el hospital público, no hay que descuidarlo, sino que hay que apoyarlo y hay que mejorarlo para que brinde la atención que necesita”.

Otros pacientes de este hospital de niños se opone al arancelamiento. “Los que somos de acá no estamos de acuerdo”, suelta David, albañil de boina que viene con frecuencia con su hijo de 12 años, en tratamiento, desde La Quiaca, a cinco horas de colectivo. “Siempre la atención fue gratis. Pero somos un país que no lo administraron bien”, apunta.

Soledad, abogada de Monterrico, a 50 minutos de auto de la capital jujeña, vino aquí con su niño de tres años convulsionando porque en la sala de salud de su barrio lo mandaron ante la gravedad del caso. Tiene obra social, pero la ambulancia la trajo hasta el hospital público porque confían más en él. “No estoy de acuerdo con el pago. Yo tengo una obra social, pero la gente que no tiene no puede pagar. Vienen a sacar un turno y duermen acá toda la noche y ahora les van a cobrar. Yo no sé cómo va a hacer alguna gente porque directamente no llega ni para comer. Ya de por sí no es muy buena la atención”, lamenta Soledad.